El reciente alineamiento de España y Francia en apoyo al plan de autonomía marroquí ha generado un fuerte rechazo entre los defensores de los derechos del pueblo saharaui. A pesar de la existencia de resoluciones de la ONU que reconocen el derecho a la autodeterminación de los saharauis, ambos gobiernos parecen priorizar sus intereses estratégicos por encima de los principios de justicia y autodeterminación. El primer ministro español, Pedro Sánchez, sorprendió al mundo en 2022 al cambiar la postura tradicional de España sobre el Sáhara Occidental, lo que provocó tensiones no solo con Argelia sino también dentro de la misma comunidad internacional. El pragmatismo en las relaciones con Marruecos ha valido críticas, ya que muchos consideran que estas decisiones refuerzan la opresión en lugar de promover una solución justa para el conflicto.
Las relaciones entre Estados Unidos, Francia y España con Marruecos están marcadas por la urgencia de gestionar la migración, un tema que ha escalado en importancia en la agenda europea. A medida que los flujos migratorios continúan siendo una preocupación crítica, la Unión Europea ha encontrado en Marruecos un socio clave para controlar este fenómeno. Sin embargo, este acercamiento se está haciendo a expensas del pueblo saharaui y de su derecho a decidir su propio futuro. Mientras la UE negocia con Rabat ignorando la voz del Frente Polisario, cada vez queda más claro que los derechos de los saharauis no son una prioridad, lo que refleja una política exterior centrada en intereses a corto plazo y no en la justicia.
Una reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue un claro recordatorio de que los derechos del pueblo saharaui están lejos de ser un asunto cerrado. Este tribunal anuló el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos al considerar que se violaron los derechos del pueblo saharaui al no obtener su consentimiento para el uso de recursos naturales de su territorio. A pesar de esta victoria en los tribunales, la respuesta de la UE ha sido en gran parte evasiva, tratando de encontrar formas de continuar con los acuerdos comerciales que benefician a Marruecos mientras ignoran las necesidades e intereses del pueblo saharaui.
El silencio y la falta de acciones concretas por parte de la UE en respuesta a la reciente anulación del acuerdo pesquero son signos preocupantes de un patrón que privilegia la estabilidad política y económica sobre el respeto a los derechos humanos. Esto se refleja en la manera en que Bruselas ha manejado las discusiones sobre la implementación de la sentencia del TJUE, donde el Frente Polisario, reconocido como el representante legítimo del pueblo saharaui, ha sido sistemáticamente excluido de las negociaciones. Para la UE, parece ser más importante afianzar la asociación con Marruecos, incluso si eso significa pasar por alto las injusticias perpetradas contra los saharauis.
Finalmente, la reciente deportación de eurodiputados que intentaron visitar el Sáhara Occidental y que denunciaron la represión marroquí añade otra capa a esta compleja situación. Mientras que la UE se ha manifestado cautelosa ante las violaciones de derechos humanos, las acciones concretas contra la opresión marroquí siguen siendo insuficientes. La falta de respuesta sólida a estos incidentes indica una falta de voluntad política para enfrentar los abusos que ocurren en la región. En este contexto, el triángulo Madrid-París-Bruselas no solo aparenta un acercamiento a Marruecos, sino que, en su silencio, también se convierte en cómplice de las violaciones continuas del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
