La reciente votación en la Cámara de Diputadas y Diputados ha dejado al rubro de la construcción totalmente desilusionado, tras el rechazo a la reforma constitucional que proponía la extensión del Crédito Especial a la Construcción, comúnmente conocido como «IVA a las constructoras». La propuesta, liderada por la diputada Yovana Ahumada (PSC) y respaldada por un grupo de parlamentarios de diversos partidos, no logró obtener el apoyo necesario, acumulando sólo 31 votos a favor contra 56 en contra, y 30 legisladores que optaron por abstenerse. Este resultado pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el sector constructivo en la actualidad, un rubro golpeado fuertemente por la crisis económica.
La reforma, que planteaba una prórroga de diez años para el Crédito Especial a la Construcción, tenía como objetivo fundamental incentivar la edificación de viviendas de interés social, principalmente aquellas que no exceden las 2.000 Unidades de Fomento. Este apoyo fiscal permitiría a las empresas constructoras deducir el 65% del IVA de los pagos provisionales mensuales, logrando así aliviar una parte de la carga impositiva. Sin embargo, pese a la lógica detrás de la iniciativa y la urgente necesidad de reactivar el sector, la propuesta fue objeto de un informe negativo emanado de la Comisión de Economía.
Los detractores de la iniciativa argumentaron que, a pesar de los beneficios que podría ofrecer, la extensión del crédito representaba un riesgo fiscal significativo en un momento crítico para la economía nacional. La votación, que había sido postergada durante meses, llegó en un contexto en el que la Cámara ya había mostrado señales de incertidumbre respecto a la aprobación de medidas económicas que impliquen un gasto a largo plazo. Así, esta negativa representación refleja una división clara entre las prioridades de los legisladores y las necesidades del sector de la construcción.
Con el archivo de la propuesta, el panorama se torna sombrío para las constructoras que enfrentan un déficit habitacional que se agrava día a día. La incapacidad de contar con apoyos fiscales pertinentes podría acentuar la paralización de proyectos que están destinados a aliviar la crisis de vivienda que se vive en el país. Este contexto se agrava considerando que no se podrá presentar una iniciativa similar hasta dentro de un año, lo que genera un vacío legislativo que puede perjudicar gravemente las perspectivas de desarrollo de nuevas viviendas.
Esto ha llevado a que muchos actores del sector expresen su frustración y preocupación por la falta de apoyo práctico desde el gobierno. La necesidad de una política de vivienda efectiva y que contemple las realidades del mercado es más urgente que nunca. Con el cierre de las puertas a nuevas iniciativas y la constante postergación de proyectos estratégicos, el futuro de la construcción en el país se vislumbra incierto, dejando a muchas familias en la espera de soluciones habitacionales que cada vez parecen más distantes.
