Los municipios desempeñan un papel crucial en la planificación territorial, tal como lo afirma Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile. En un contexto donde más de 120 mil hogares viven en campamentos, lo que representa las cifras más altas en casi tres décadas, es evidente la necesidad de actualizar los instrumentos de planificación, específicamente los planes reguladores. Según Moncada, un número alarmante del 70% de estos planes no han sido revisados en más de diez años, lo que limita la capacidad de respuesta de las comunidades ante la crisis habitacional actual.
A pesar de los avances logrados en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), donde se reporta un progreso superior al 80%, la situación sigue siendo crítica en los campamentos. Hasta mayo de 2025, de las 40 mil viviendas que se esperaban, solo se han entregado 11 mil, revelando un cumplimiento que no alcanza ni el 30%. Este retraso pone de manifiesto la urgente necesidad de diversificar las modalidades de solución habitacional. Moncada destaca que fortalecer mecanismos de transitoriedad, como el arriendo protegido, podría ser una estrategia efectiva para aliviar la espera de los afectados.
La directora de TECHO-Chile recalca la importancia de la articulación con los municipios, ya que son las entidades que efectivamente implementan los programas destinados a mejorar las condiciones de vivienda. En este sentido, resalta que es fundamental facilitar el acceso a subsidios de arriendo administrados por los gobiernos locales, lo que podría significar una mejora significativa en la calidad de vida de quienes viven en condiciones de pobreza y precariedad. Es primordial que las familias no solo reciban viviendas, sino que tengan acceso a un entorno urbanístico que les ofrezca una vida digna.
Moncada también advierte que cualquier estrategia de radicación debe garantizar su continuidad más allá de un solo mandato gubernamental. Regularizar suelos y urbanizar áreas requerirá de tiempo y un compromiso sostenido, independientemente de las administraciones que se sucedan. Además, es vital que se diseñen soluciones en coordinación con diversas instancias y sectores, tales como Desarrollo Social y Obras Públicas, abarcando de manera integral no solo la problemática de la vivienda, sino también la exclusión de otros servicios esenciales que afectan a estos grupos vulnerables.
Finalmente, con un 35% de los campamentos en el país existentes por más de 14 años, la urgencia de actualizar los planes reguladores se vuelve evidente. Moncada subraya que es una necesidad no solo de aquellas familias que viven en campamentos, sino de toda la sociedad, ya que la falta de vivienda digna y adecuada repercute en el desarrollo urbano y social. La planificación territorial no debe ser solo una cuestión técnica, sino un compromiso genuino hacia la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos, enfatizando la responsabilidad de los municipios en este proceso.
