Mientras la atención pública se centra en la inminente contienda electoral, el Congreso de Chile se enfoca en la tramitación de proyectos que tienen el potencial de mitigar la crisis de vivienda que afecta al país. En un conversatorio organizado por El Diario Inmobiliario, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, actual presidente de la Comisión de Vivienda, advirtió sobre la urgencia de actuar frente al déficit habitacional y la suspensión de numerosas iniciativas de construcción. Su llamado a la acción resuena en un contexto donde la producción de viviendas ha sido gravemente afectada por la burocracia y las demoras en los permisos de construcción.
En este marco, Fuenzalida anunció que existen tres propuestas legislativas en curso, que complementan la ya instaurada Ley 21.718, diseñada para simplificar la obtención de permisos. Entre los proyectos destaca la creación de una ley marco de autorizaciones sectoriales, que busca establecer un sistema unificado para gestionar más de 280 trámites que actualmente complican el proceso de edificación. Además, se busca modificar normas existentes que retrasan el otorgamiento de permisos de urbanización y edificación, así como implementar reformas en la planificación territorial que acorten los plazos de aprobación de planes reguladores a tres años.
La situación económica del país se torna crítica debido a la creciente burocracia, la cual, según Fuenzalida, se ha convertido en un obstáculo insostenible para el desarrollo habitacional en Chile. El diputado señala que incluso proyectos de gran relevancia, como la construcción de hospitales, se han visto entrampados por trámites ambientales menos significativos. Para dar solución a este problema, las reformas planteadas buscan establecer un marco jurídico claro, que incluya, entre otras medidas, la implementación de declaraciones juradas de inicio y finalización de obras en lugar de permisos menores, así como una notable reducción en el tiempo para la aprobación de hipotecas.
Un aspecto importante de estas iniciativas es la introducción de incentivos como la posibilidad de clasificar ciertos proyectos como «estratégicos», lo que permitiría reducir drásticamente los tiempos de tramitación. Además, se contempla un periodo de estabilidad regulatoria de hasta ocho años, que garantizaría a los inversores una menor incertidumbre ante cambios normativos que puedan afectar sus proyectos. Con esta estrategia, el objetivo es atraer capitales privados al mercado de la construcción y asegurar la continuidad de iniciativas inmobiliarias de gran envergadura.
El impacto en el empleo también es una preocupación central en esta discusión. La disminución de obras en el sector construcción ha afectado severamente el empleo, que tradicionalmente ha absorvido gran cantidad de mano de obra. Fuenzalida enfatizó que los cambios propuestos no solo buscan aumentar la oferta de viviendas, sino también reactivar un sector que tiene un papel crucial en la economía y en la cohesión social. En conclusión, la reforma de la «permisología» y la modernización del sistema territorial son pasos fundamentales para abordar a largo plazo el déficit habitacional y fomentar un desarrollo sostenible en el país.
