La Municipalidad de Las Condes ha completado el pago de $9.600 millones, cerca de 10 millones de dólares, a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, cerrando así una prolongada disputa judicial que se remonta al año 2016. La alcaldesa Catalina San Martín anunció la transferencia de fondos y criticó la gestión de su antecesor, Joaquín Lavín, quien, según ella, es responsable de la condena que afecta las finanzas del municipio. San Martín subrayó que esta situación representa un daño significativo al patrimonio de los vecinos de Las Condes, impactando gravemente en la ejecución de proyectos cruciales, como la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam). Este desembolso se realizó tras una orden del Cuarto Juzgado Civil de Santiago.
El conflicto comenzó en 2016, bajo la administración de Joaquín Lavín, cuando el municipio decidió paralizar las obras del proyecto «Vespucio 345» en la zona de El Golf, a pesar de que contaba con los permisos de edificación correspondientes. En ese momento, el municipio argumentó que existían discrepancias en el metraje del terreno reportado por la inmobiliaria, lo que supuestamente afectaba el cálculo de la constructibilidad del proyecto. La decisión de detener las obras se replicó en al menos tres ocasiones, generando un clima de confrontación entre la inmobiliaria y la municipalidad.
En 2021, la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA, propiedad de Pablo Letelier y Juan José Gana, presentó una demanda por «falta de servicio» argumentando que la actuación del municipio fue ilegal y arbitraria. El tribunal civil falló en 2023 a favor de la inmobiliaria, ordenando al municipio el pago de una millonaria indemnización. A pesar de los intentos del municipio por apelar la decisión, incluyendo recursos de casación que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Santiago por errores de procedimiento, la sentencia se mantuvo firme.
A principios de este año, la administración de San Martín llevó el caso al Tribunal Constitucional en un intento por detener el pago, pero esta acción también fracasó. La alcaldesa San Martín enfatizó que el fallo judicial deja en claro que la administración de Lavín no tenía las atribuciones legales para paralizar las obras del proyecto. «La indemnización que ahora debemos pagar es resultado de errores cometidos por la administración anterior y afecta gravemente el patrimonio municipal», agregó.
San Martín también alertó sobre las posibles consecuencias si el pago no se realizaba, mencionando que la inmobiliaria podría haber solicitado un embargo de bienes municipales, lo que podría haber comprometido activos del municipio. Finalmente, la alcaldesa solicitó a los ciudadanos de Las Condes comprensión por la situación, ya que se encuentran en una difícil encrucijada que podría afectar la realización de obras futuristas y el bienestar de la comunidad.
