Un nuevo escándalo sacude el ámbito político en Chile tras las revelaciones de la Fiscalía de Antofagasta sobre el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín. La autoridad es investigada en el marco del caso Procultura por presunto fraude al fisco por más de $1.690 millones. La indagación, que ha captado la atención de medios de comunicación y ciudadanos, se centra en la otorgación de un permiso médico supuestamente ideológicamente falso, proporcionado por el psiquiatra Alberto Larraín Salas. Esta situación ha llevado a que la posibilidad de un desafuero, solicitado por el organismo acusador, se encuentre sobre la mesa.
Según informa BioBioChile, el fiscal regional Juan Castro Bekios ha emitido su conclusión sobre el caso, al sostener que Orrego habría abusado de su cargo en la función pública. Durante las investigaciones, realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), se constató que el gobernador firmó dos convenios con la fundación Procultura, entidad que, a juicio del Ministerio Público, carecía de la capacidad necesaria para llevar a cabo estos acuerdos. La seriedad de las acusaciones sugiere que la situación podría tener consecuencias significativas para el futuro político de Orrego.
Entre los elementos de la investigación, destacan dos convenios en los que se habría contratado a una persona en una filial gubernamental, a pesar de no ser funcionario público. Esta persona recibió ingresos cercanos a los $10 millones a través del programa ‘Quédate’, realizado por Procultura; sin embargo, sus funciones reales estaban dirigidas hacia otro programa, ‘Patología Dual’, lo que representa, según la Fiscalía, un desvío de fondos públicos en relación al propósito autorizado.
El escándalo no termina ahí, ya que surge un episodio que vincula más directamente a Orrego con Larraín. Un informe del medio El Mercurio revela que en junio de 2023, el gobernador viajó a Buenos Aires con el pretexto de participar en una media maratón, pero para justificar su ausencia, habría presentado un certificado médico falso, firmado por Larraín. Esta información ha llevado a intensificar aún más el escrutinio público sobre los actos de Orrego y su relación con la fundación implicada.
Por su parte, el abogado de Claudio Orrego, Rodrigo de la Barra, ha defendido la inocencia de su cliente, afirmando que «Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito, ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones». A pesar de estas afirmaciones, la acumulación de acusaciones y los evidentes vínculos con prácticas irregulares han comenzado a erosionar la imagen de la autoridad, lo que puede tener repercusiones en su carrera política y la confianza del electorate en su gestión.
