El 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha dictaminado medidas cautelares para la excandidata a gobernadora de la región Metropolitana, Karina Oliva, y otros 11 exmilitantes de Comunes, en el contexto de una investigación por presuntos delitos de fraude de subvenciones y gastos electorales durante la campaña electoral de Oliva.
El tribunal ha ordenado prisión domiciliaria nocturna y arraigo nacional para los implicados mientras dure la investigación, que se extenderá por un período de 100 días. Esta decisión se ha tomado como parte de las diligencias en curso para esclarecer los hechos relacionados con la financiación de la campaña de Oliva.
Karina Oliva, en una entrevista con La Tercera, ha expresado que ya no se siente parte del Frente Amplio, conglomerado político al que perteneció previamente. En cambio, ha enfocado su mirada en la construcción de la izquierda latinoamericana.
Oliva también ha mencionado que las ministras Antonia Orellana (Mujer) y Camila Vallejo (Segegob) ya no le dirigen la palabra, a pesar de la amistad que compartían. La excandidata ha destacado que la versión del fiscal no abarca todo el período de campaña, ya que solo se refiere a tres meses y que la campaña se dividió en dos instancias, la primera y la segunda vuelta, con una suspensión de propaganda electoral debido a la pandemia.
En cuanto a su rol en Comunes, Oliva afirmó que no se había posicionado internamente hasta que ganó la primaria y se convirtió en candidata a gobernadora por la región Metropolitana, enfocándose en su papel como candidata en lugar de ejercer un rol interno en la campaña del partido. La investigación en curso buscará esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en relación con los delitos electorales señalados.
