La Cámara de Diputados ha ratificado por 136 votos a favor la mayoría de los cambios que el Senado realizó al proyecto de fraccionamiento pesquero, una normativa que busca redistribuir los recursos de 20 pesquerías en el país. De estas 20, se han aprobado modificaciones a 17, mientras que las tres restantes: merluza común, sardina y anchoveta en la zona norte —desde la Región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo— quedaron fuera del marco de reforma. Un aspecto polémico que sobrevuela la ley es la falta de definiciones sobre el mecanismo de licitación para la cuota adicional del jurel, que recientemente experimentó un aumento histórico del 25% asignado por la OROP-PS en febrero, lo que ha generado un debate significativo sobre la sostenibilidad y la justicia en la distribución de este recurso.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, se mostró optimista respecto a la votación y destacó la casi unanimidad de los diputados, la cual, a su juicio, refleja un compromiso con el desarrollo de la pesca artesanal. «Hicimos un compromiso con el presidente Boric de corregir la Ley de Pesca, y hoy comenzamos a hacerlo», declaró Grau, quien enfatizó que el objetivo es asegurar que los recursos marinos sean distribuidos de manera justa para afianzar una pesca más equitativa. El ministro también subrayó la transparencia en la discusión legislativa, destacando el consenso alcanzado a pesar de los debates intensos que han marcado el proceso.
Los detalles de la nueva legislación, que definirá el futuro de las pesquerías del país, pasarán ahora a una comisión mixta que se hará cargo de los aspectos que aún requieren definición. Entre ellos se encuentra la distribución de la merluza, cuyo actual 60% destinado a la industria y 40% a la pesca artesanal es considerado por el gobierno como insostenible. Grau indicó que es fundamental establecer un mecanismo de subasta para la cuota adicional del jurel, ya que este sistema no solo busca garantizar el financiamiento fiscal necesario, sino también actuar como un procedimiento justo que permita a los actores del sector artesanal competir en igualdad de condiciones.
Aumentar la cuota artesanal del jurel del 10% actual al 30% marcado por la nueva normativa es parte de una transformación importante en la pesca en Chile. Con el aumento adicional otorgado por la OROP-PS, la capacidad de pesca se incrementará significativamente, beneficiando a los pescadores artesanales. El subsecretario Julio Salas, por su parte, enfatizó que este es un gran avance para la pesca artesanal y una corrección de inequidades históricas en la distribución de recursos pesqueros. Este nuevo enfoque persigue no solo mejorar la situación actual de los pescadores, sino también fomentar el desarrollo sostenible del sector.
Sin embargo, a pesar del respaldo recibido por parte de la mayoría de los diputados, el proyecto enfrenta desafíos legales y reservas de constitucionalidad. Legisladores como Sergio Bobadilla del UDI y Cristián Araya del Partido Republicano han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que el proyecto altere las condiciones previamente acordadas por los titulares de licencias industriales, lo que podría generar incertidumbre jurídica. No obstante, el gobierno ha defendido la mirada de que los permisos de pesca no son derechos de propiedad y que la nueva legislación defiende que los recursos del mar son de todos los chilenos. Esto plantea un escenario tenso entre la necesidad de reforma y la protección de los intereses establecidos en el sector pesquero.
