Los diputados de la Bancada UDI, Gustavo Benavente y Marlene Pérez, han dado un paso significativo en la comisión investigadora sobre la compraventa fallida de la casa de Salvador Allende. Este lunes por la mañana, presentaron un cuestionario compuesto por 25 preguntas dirigidas al Presidente Gabriel Boric, en un intento por aclarar su rol y participación en un proceso que ha estado marcado por la controversia. Esta situación ha llevado a la dimisión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional, coincidiendo con la violación de una norma que les impedía celebrar contratos con el Estado. La presión crece para que se esclarezca el asunto.
El contenido del cuestionario enviado al Presidente Boric refleja la necesidad de transparencia en este proceso. Dentro de las 25 interrogantes, destacan cinco preguntas que abordan la posibilidad de que algún funcionario en La Moneda haya alertado al mandatario sobre la inhabilidad constitucional que afectaba a Allende y Fernández. Particular atención se ha puesto en la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, quien aseguró estar al tanto de la inhabilidad, aunque se desmarcó de la responsabilidad de notificar al Presidente. Este escenario plantea dudas sobre la eficacia de los controles administrativos en la administración actual.
Además de las preguntas sobre la responsabilidad de los funcionarios, los diputados Benavente y Pérez indagan en la postura del Presidente respecto a las declaraciones de la exsenadora Isabel Allende y de la exministra Maya Fernández, quienes se excusaron señalando que no eran abogadas. Los parlamentarios cuestionan si estas excusas son suficientes, dado que ambas ocupaban roles de alta autoridad y contaban con asesoría jurídica. Este aspecto pone de relieve la importancia de la experiencia parlamentaria y señala una posible falta de diligencia por parte de los exfuncionarios involucrados en el proceso.
El cuestionario también aborda si el Presidente Boric llegó a reconocer la inhabilidad de las involucradas en el proceso, especialmente considerando su formación en Derecho y su experiencia legislativa de ocho años. Los diputados esperan que se aclare públicamente si el Mandatario fue advertido sobre el impedimento legal, así como su opinión sobre los comentarios de sus ministros en torno al fallo del Tribunal Constitucional, el cual ha sido clasificado como un «precedente grave». Esta discusión no solo afecta a los protagonistas actuales, sino que plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas del Gobierno respecto a la ética y las normativas legales en materia de contratos.
Finalmente, Gustavo Benavente y Marlene Pérez han enfatizado la urgencia de recibir respuestas a sus interrogantes por parte del Presidente Boric. A través de sus declaraciones, manifestaron que el país necesita claridad en un caso que consideran de gran gravedad, advertiendo que la falta de una respuesta podría dejar a la ciudadanía con la sensación de que el Gobierno no está dispuesto a contribuir al esclarecimiento de los hechos. Los diputados han subrayado la importancia de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de la democracia chilena.
