El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfrenta serias críticas debido al rechazo por parte del Servicio Electoral (Servel) de la rendición de gastos de su campaña entre agosto y noviembre de 2024. Este escándalo ocurre en medio de una investigación penal en su contra, donde se le imputa por posible fraude al fisco. La controversia surgió a raíz de un informe de Contraloría que reveló que parte de los fondos públicos utilizados para sostener su campaña electoral correspondían a gastos dirigidos a coaching, lo cual ha levantado suspicacias sobre la transparencia en la utilización de recursos gubernamentales para fines personales y electorales.
Ciper, medio que ha seguido de cerca el caso, reportó que, aunque Servel aprobó más de $1.000 millones en reembolsos para la reelección de Orrego, hubo un aspecto que fue objetado y que resalta la irregularidad en la gestión de su campaña. Se trata del pago al administrador electoral José Andrés Wallis, quien había solicitado un reembolso de $20,6 millones, excediendo el límite establecido por Servel de $13 millones. Esto significa que la campaña de Orrego se encuentra en una situación comprometida, donde los honorarios de Wallis, que ascendían a hasta $5,8 millones mensuales, superaban ampliamente lo permitido por la normativa.
La situación se complica aún más debido a la presencia de 13 personas que trabajaron para la campaña de Orrego mientras mantenían contratos con el Gobierno Regional (GORE). Servel identificó que cinco de estos funcionarios emitieron boletas de honorarios por labores realizadas en la campaña, aunque continuaban siendo empleados del GORE. La investigación apunta a la falta de pruebas suficientes sobre la efectividad de los servicios prestados, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de la contratación de estas personas y la correcta distribución de los recursos públicos.
Además, se denunciaron casos de duplicidad de funciones, ya que dos de los funcionarios en cuestión realizaron tareas que ya eran cubiertas por otros colaboradores en la campaña. Esta revelación resulta alarmante, ya que refleja una gestión poco eficiente y potencialmente irresponsable de los fondos públicos, exigiendo explicaciones por parte del gobernador Orrego sobre cómo se garantizó el uso adecuado de estos recursos. Los pagos a estos 13 funcionarios suman un total de $44,2 millones, lo que intensifica aún más las sospechas de posibles irregularidades en la administración de su campaña.
El escándalo no solo recuerda el caso de la ex candidata Karina Oliva, cuyos gastos en 2021 fueron cuestionados por la misma razón, sino que también plantea un desafío significativo para la reputación de Orrego y su administración. La presión aumenta mientras la oposición demanda aclaraciones y la ciudadanía exige una mayor transparencia en el uso de fondos públicos. A medida que avanza la investigación penal, será clave observar cómo se desenvuelven los acontecimientos y si Claudio Orrego podrá hacer frente a las crecientes críticas y recuperar la confianza del electorado.
