El complejo caso judicial que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha sumado una nueva arista con revelaciones sobre el manejo de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. Durante la segunda jornada de formalización por los delitos de violación y abuso sexual, salió a la luz información que apunta a presuntas irregularidades en el uso de fondos asignados a la cartera durante su gestión.
Gastos bajo la lupa: uso de efectivo y rendiciones cuestionadas
Un informe entregado el 30 de octubre por la Subsecretaría del Interior al Ministerio Público y a la Contraloría reveló que Monsalve optaba por utilizar dinero en efectivo, en lugar de tarjetas, para diversos pagos vinculados a sus labores. Entre los gastos reportados figuran almuerzos en restaurantes del Costanera Center (1 de septiembre) y el Ají Seco Místico (22 de septiembre), así como un viaje en taxi al hotel Panamericano, todos hechos que forman parte de las denuncias en su contra.
El informe también detalla los movimientos de los gastos reservados de 2022, que ascendieron a $481 millones. Aunque en enero de ese año no se realizaron retiros, entre febrero y diciembre se registraron operaciones significativas, incluyendo un retiro de $137 millones en diciembre. Al cierre del periodo, quedaban $15 millones en la cuenta, los cuales fueron reasignados a otras partidas presupuestarias. Sin embargo, la falta de especificidad en las rendiciones de cuentas —presentadas de manera generalizada para los periodos del primer semestre de 2022 y el segundo semestre de 2023— ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades.
Impacto y reacciones
La Contraloría, tras revisar el informe, ha expresado preocupación por la falta de detalle en la documentación y el posible mal uso de los fondos públicos. Este elemento, sumado a las denuncias penales contra Monsalve, agrava el panorama para el exfuncionario, quien enfrenta no solo cargos de violación y abuso sexual, sino también un escrutinio público por el manejo financiero durante su administración.
El caso ha generado indignación en diversos sectores políticos y ciudadanos, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares de confirmarse las irregularidades. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recopilando antecedentes para consolidar las acusaciones y esclarecer los hechos.
Esta nueva arista añade complejidad a un caso que no solo pone en el centro de la polémica al exsubsecretario, sino también a los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos, un tema de relevancia crítica para la transparencia y la confianza en las instituciones del Estado.
