El balance legislativo presentado por el Ejecutivo encendió un áspero debate en el Congreso, luego de que el Gobierno calificara como “la mayor producción legislativa desde el retorno a la democracia” las 364 leyes promulgadas entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de enero de 2026. De ese total, 125 normas corresponden a iniciativas impulsadas directamente por La Moneda, equivalente al 34,3% del conjunto, cifra que el oficialismo exhibe como signo de efectividad en la tramitación parlamentaria.
Desde la oposición, sin embargo, el tono fue diametralmente distinto. El diputado Luis Sánchez (Republicanos) afirmó que “más que muchas leyes, Chile necesita buenas leyes”, cuestionando que el Gobierno presente el volumen de iniciativas aprobadas como un gran logro. A su juicio, la administración del Presidente Gabriel Boric no logró sortear diferencias ideológicas en proyectos clave y “no quiso renunciar a ciertas aspiraciones”, lo que habría frenado reformas relevantes.
En la misma línea, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que el Ejecutivo “pasará a la historia por abrazar ideas ajenas y no sacar nada de sus banderas de lucha”. Según el parlamentario, en materia de seguridad el Gobierno terminó apoyándose en propuestas de la oposición, mientras que reformas centrales como la tributaria “fracasó e hizo perder el tiempo al Congreso”, evidenciando la caída de parte de su agenda original.
Desde el oficialismo, en cambio, recalcan una mejora en la capacidad legislativa a partir del tercer año de mandato. El diputado Héctor Barría (DC) valoró especialmente el desempeño en educación, destacando el rol del ministro Nicolás Cataldo y de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en la aprobación de proyectos como convivencia escolar, titularidad docente, reforzamiento de la educación pública y la ley que paga la deuda histórica de los profesores. Barría admitió que “si el Gobierno hubiese comenzado con ese ritmo desde el primer año, otro gallo cantaría”, pero igualmente consideró que el balance final “debe ser positivo”.
El documento del Ejecutivo detalla que solo en el cuarto año legislativo —entre el 11 de marzo de 2025 y el 28 de enero de 2026— se publicaron 63 leyes, entre ellas la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la nueva Ley Antiterrorista y la reforma previsional que mejora la Pensión Garantizada Universal (PGU). A ese listado se suman el nuevo fraccionamiento pesquero, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la modernización de la educación parvularia, la nueva Ley de Adopción y normas como el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el fortalecimiento del Ministerio Público y la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, varias de ellas despachadas en las últimas dos semanas de enero.
Pese a este volumen de leyes, parlamentarios de distintos sectores coinciden en que aún existe una brecha entre las reformas emblemáticas prometidas al inicio del Gobierno y lo efectivamente concretado. El socialista Marcos Ilabaca reconoció que, si bien la actividad legislativa fue “bastante intensa” en seguridad y se sacaron del letargo proyectos relevantes, “con respecto a los proyectos más emblemáticos planteados por el Gobierno existe una deuda todavía para los chilenos y las chilenas”. Para el oficialismo, no obstante, el hecho de haber destrabado iniciativas largamente postergadas permitiría justificar un balance globalmente favorable.
