Esta semana se inició el proceso de desalojo de la toma ‘Calicheros’ en Quilpué, propiedad del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario colombiano tras denunciar ante el Ministerio Público la ocupación ilegal del terreno. Maquinaria contratada por el Serviu llegó al lugar para demoler las viviendas irregulares, tras un fallo judicial que obliga a cumplir la demolición dictada por la Seremi de Vivienda en 2021. El costo del operativo asciende a 130 millones de pesos e incluye la intervención de 250 carabineros.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló a El Líder de San Antonio que ‘Puede ocurrir cualquier cosa, por eso no queremos que haya desalojos. Por eso estamos buscando alternativas’. Añadió que la prioridad es evitar desalojos y buscar salidas consensuadas, no solo por este caso sino también porque hay dirigentes que insisten en permanecer en la toma pese a las acciones para desarmar construcciones.
Entre los ocupantes figura la dirigente Yasmín Durán Becker, vocera del campamento, quien afirmó que ‘pueden botarme la casa si quieren, pero no nos van a mover de ahí. Ya lo hablamos con mi esposo que es discapitado. Legalmente no nos pueden mover. Hay una orden de demolición, pero no de desalojo’. También el topógrafo Gustavo Sepúlveda, vocero de la toma y asesor de los ocupantes, sostuvo que ‘Las personas no se van a mover, porque se les prometió que iba a haber diálogos, un plazo razonable y no se cumplió’.
La abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, aseveró que en el lugar hay un fuerte contingente policial para asegurar el desalojo y la demolición. ‘Si las personas regresan serán detenidas por usurpación en flagrancia de un terreno privado y que estará, en esos momentos, bajo el control del Serviu y de la empresa que este contrató’, finalizó.
La capitán de Carabineros, Javiera García, indicó que ‘hasta lo que llevamos al momento ha sido pacífico. Todo la gente está sacando sus cosas, se le están dando todas las facilidades’ y que el despliegue incluye unidades de Control de Orden Público y de diálogo. Se está verificando el tendido eléctrico para asegurar que no haya suministro y, de ser necesario, ingresaría la maquinaria. El delegado provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, estimó que ya han abandonado la toma entre un 50% y 60% de los residentes.
