El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ha emitido un fallo contundente al inhabilitar por cinco años a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para ejercer cualquier cargo público. Esta decisión responde a irregularidades graves vinculadas a la probidad administrativa y al notable abandono de deberes durante su gestión. Según el tribunal, los actos y omisiones cometidos por Barriga durante su mandato han menoscabado la confianza pública y han obstaculizado el correcto funcionamiento de la administración municipal.
El fallo del Tricel detalla que las acciones de Cathy Barriga no solo evidencian una gestión desorganizada y poco profesional, sino que también subrayan el incumplimiento de las normas que rigen el ejercicio del cargo público. «Este Tribunal ha adquirido la convicción de que los hechos señalados constituyen un conjunto de actuaciones culpables», indica el documento oficial. La decisión destaca así la gravedad de las acciones que llevaron a la inhabilitación, enfatizando la necesidad de mantener altos estándares de ética en los cargos públicos.
La inhabilitación de Barriga marca un precedente importante en la política chilena, pues pone de manifiesto la intención del Tricel de actuar con firmeza ante las violaciones de probidad que afectan la confianza ciudadana. La gestión de Barriga fue criticada por su falta de transparencia y por tomar decisiones que favorecían intereses privados en detrimento del bien común. Este tipo de conductas son especialmente perjudiciales en sectores donde la responsabilidad y la ética son fundamentales para el desarrollo de la comunidad.
El impacto de esta decisión se siente no solo en Maipú, donde Barriga fue una figura política prominente, sino también en el ámbito nacional, donde se espera que otros funcionarios evalúen detenidamente sus actuaciones para evitar situaciones similares. A medida que las autoridades trabajan para restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, la inhabilitación se convierte en un recordatorio del deber de los funcionarios públicos de actuar con integridad y compromiso con sus responsabilidades.
Finalmente, la resolución del Tricel subraya la importancia de la vigilancia constante en la gestión pública. El tribunal ha dejado claro que el abandono de deberes y las faltas a la probidad no serán toleradas. Así, la inhabilitación de Cathy Barriga no solo representa una sanción personal, sino un llamado a todos los servidores públicos para que cumplan con sus obligaciones, asegurando así una administración más transparente y responsable.
