La reciente evaluación del acceso a la vivienda en la Región Metropolitana ha llevado a la clasificación de «severamente inalcanzable» según el último informe inmobiliario de USS-Tinsa, presentado por Tomás Rodríguez Botto. Este estudio revela que el Índice de Acceso a la Vivienda ha alcanzado un preocupante récord de 9,9 años de ingreso familiar íntegro necesarios para adquirir una casa. Aunque se ha observado una ligera reducción respecto a los 10,1 años del 2024, la situación general continúa siendo alarmante, evidenciando la creciente desconexión entre los salarios de los hogares y los precios de las propiedades.
Una de las conclusiones más impactantes del informe es que el 100% de la oferta de viviendas en el mercado supera el umbral del 25% del ingreso familiar destinado a pagos de dividendos. Esto significa que, para poder comprar una vivienda, únicamente aquellos hogares con ingresos altos tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, lo que restringe aún más el acceso a este derecho fundamental para la gran mayoría de la población. La directora de estudios inmobiliarios de Tinsa, Paola Figueroa, enfatiza que esta realidad expone la amplia brecha que persiste entre los ingresos de los ciudadanos y los precios del mercado inmobiliario.
El informe también señala que, aunque se aprecian indicios de recuperación en la venta de vivienda nueva, el arrendamiento se mantiene como la principal vía de acceso a la vivienda para la mayoría de los ciudadanos. Ante el contexto económico actual y la dificultad de asegurar un préstamo hipotecario, muchos hogares están optando por alquilar en vez de comprar. Figueroa advierte que esta tendencia parece reforzarse, sobre todo en comunas céntricas de la región, donde la demanda habitacional sigue alta y las ofertas de arriendo son diversas y accesibles en comparación con la compra.
Asimismo, el estudio resalta que la lenta absorción de los stocks de propiedades disponibles está generando una tensión adicional en el mercado de arrendamientos, manteniendo una presión constante sobre las tarifas de arriendo. Esta situación crea un ciclo vicioso en el cual, ante la falta de nuevas facilidades para la adquisición de viviendas, más personas se ven obligadas a recurrir al arriendo. Esto refuerza la idea de que se requiere una intervención significativa por parte del Estado y el sector privado para facilitar el acceso a la vivienda y atender las necesidades habitacionales de la población.
Finalmente, el informe recalca que, para solucionar el problema estructural de la asequibilidad en el mercado inmobiliario, es necesario implementar medidas efectivas que aceleren la absorción del inventario disponible y que promuevan políticas inclusivas en la vivienda. Sin acciones concretas, la distancia entre los costos de la vivienda y los ingresos seguirá condenando a muchos hogares a vivir en una situación de precariedad habitacional. La perspectiva futura dependerá, en gran medida, de la voluntad política y de las reformas que se consideren necesarias para revertir este preocupante escenario.
