La reciente situación en la toma Calicheros, ubicada en el sector Pompeya Sur de Quilpué, ha captado la atención de las autoridades locales y nacionales. Tras la trágica muerte de Alejandro Correa, su familia ha luchado para recuperar el terreno que les pertenece, el cual ha sido ocupado ilegalmente. A raíz de esto, el 29 de agosto se estableció una mesa de trabajo entre el Servicio de Vivienda y Urbanización y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para coordinar la demolición de las edificaciones irregulares. El proceso se lleva a cabo luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenara acelerar el desalojo, incitando al Ministerio de Vivienda a cumplir con esta medida en un plazo determinado.
El asesinado empresario Correa se convirtió en un símbolo trágico de la lucha por la propiedad privada en Chile, tras ser víctima de un sicariato vinculado a conflictos por tierras. El caso, que dejó en evidencia la complejidad de los problemas relacionados con las ocupaciones ilegales, culminó en una condena para los responsables del crimen en 2021. Con los antecedentes y el respaldo judicial, la administración de la región ha intensificado sus esfuerzos para restablecer la legalidad en Calicheros, lo que incluye la intervención de fuerzas de seguridad para apoyar el desalojo.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se han realizado múltiples reuniones con los residentes de la toma, colocándolos al tanto de la orden de demolición. La Seremi de Vivienda, Belén Paredes, ha manifestado el compromiso del gobierno para atender la situación con respeto y cuidado hacia las familias afectadas. En este sentido, ha sido fundamental establecer un diálogo con los ocupantes para proporcionar alternativas y minimizar el impacto emocional y social del desalojo.
Asimismo, se ha planificado un operativo social que incluirá módulos de orientación en el municipio de Quilpué, donde se ofrecerá información sobre recursos disponibles para las familias que se verán afectadas por el desalojo. Este esfuerzo busca asegurar que los derechos fundamentales de cada persona sean respetados y que las familias reciban el apoyo adecuado en este proceso de cambio. También se implementará un operativo de salud para atender las necesidades de los habitantes durante las labores de demolición.
Finalmente, en un esfuerzo por coordinar de manera efectiva el proceso de desarme y demolición, se convocará a una reunión con los propietarios legítimos de los terrenos. Este encuentro será crucial no solo para informarles sobre los avances en el proceso de demolición, sino también para crear un espacio de diálogo que permita abordar dudas y preocupaciones. Con el respaldo de distintos ministerios y la voluntad de establecer un canal de comunicación, se espera que la situación en Calicheros se maneje con la sensibilidad que requiere, buscando así una resolución pacífica y efectiva.
