En la Cámara de Diputados, el análisis sobre la eliminación de la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de reajuste en diferentes pagos de servicios ha generado un intenso debate. Las mociones, presentadas por los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Boris Barrera (PC), buscan proteger a los consumidores del aumento en el costo de la vida, argumentando que la UF incrementa los gastos diarios sin que los salarios se ajusten en la misma medida. Este asunto ha cobrado relevancia en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán el 16 de noviembre, lo que podría convertirlo en un punto de controversia en los debates políticos que se avecinan.
Durante las exposiciones realizadas en la Comisión de Economía, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, advirtió sobre las potenciales consecuencias negativas de restringir el uso de la UF. Según Costa, tal medida podría generar incertidumbre en el mercado y un posible aumento de precios, afectando directamente a los consumidores. Explicó que los créditos hipotecarios, por ejemplo, podrían ser más difíciles de obtener, ya que los oferentes buscarían alternativas para manejar el riesgo inflacionario, lo que podría encarecer aún más el acceso al crédito para los hogares.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, también expresó sus preocupaciones relacionadas con esta propuesta, destacando que en el ámbito de los planes de salud de las isapre, tanto la cotización como las bonificaciones están fijadas en UF. Torres señaló que si se eliminara la UF solo de las cotizaciones, pero no de las bonificaciones, esto alteraría el equilibrio de prestaciones, lo que podría llevar a situaciones adversas para los afiliados y poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud privado.
Por su parte, la economista Michelle Labbé argumentó que la propuesta en cuestión presenta un error conceptual fundamental al considerar que los salarios se ajustan únicamente por inflación. Labbé hizo énfasis en que las remuneraciones en el mercado laboral no solo se ajustan a la inflación, sino que suelen incrementarse en proporciones mayores, lo que significa que la eliminación de la UF podría no tener el efecto esperado en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, sino que podría complicar más la situación.
Con la conclusión de las audiencias, la Comisión de Economía se ha dirigido hacia la votación del articulado de la normativa, la cual se llevará a cabo durante la primera semana de septiembre. A medida que el proceso avanza, existe la expectativa de que el proyecto sea presentado ante la Sala antes de las elecciones, lo que podría intensificar la discusión política en torno a la UF y su impacto en los hogares chilenos. Esta situación promete ser un tema candente en los debates electorales previos a los comicios programados para el domingo 16 de noviembre.
