La bancada de diputados de Renovación Nacional ha presentado un formal requerimiento a la Contraloría con el objetivo de que se investiguen las alarmantes irregularidades detectadas en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Las denuncias, según un informe de BioBioChile, apuntan a que estos hechos habrían beneficiado a internos vinculados con ‘El Tren de Aragua’, una peligrosa organización criminal. Los legisladores, liderados por Frank Sauerbaum y Carla Morales, manifiestan que estas irregularidades suponen una vulneración crítica al reglamento carcelario y podrían implicar a funcionarios públicos en actividades delictivas desde dentro del penal, considerándose así potencialmente como un caso de cohecho.
Los legisladores han advertido sobre las «condiciones de habitabilidad especiales» que han sido reportadas para ciertos internos, entre las cuales se incluyen elementos prohibidos como ropa de lujo, dispositivos electrónicos, bebidas alcohólicas e incluso armamento. Estas denuncias representan una clara contravención del reglamento penitenciario vigente y emergen preocupaciones respecto a la complicidad de los funcionarios encargados de la custodia de los internos, lo que agrava la situación y genera desconfianza en el sistema penitenciario.
En el comunicado, los diputados expresan que las condiciones reveladas han despertado un notable asombro en la opinión pública y plantean serias interrogantes sobre la implicación de los funcionarios a cargo de la seguridad. Las denuncias subrayan que la existencia de estas denominadas “celdas VIP” con acceso a artículos prohibidos constituye una directa violación al Decreto N° 518, que regula la posesión de bienes, las condiciones de habitabilidad, así como el régimen interno de los centros penitenciarios en Chile.
El ingreso de objetos prohibidos a las cárceles no es solo un hecho aislado, sino que se asocia con potenciales delitos penales como el cohecho, la internación ilegal de elementos y la tenencia de armas dentro de un recinto penitenciario. Los parlamentarios han hecho hincapié en este tema al recordar que, actualmente, cerca del 15,8% de la población penal está compuesta por extranjeros, algunos conectados a redes criminales internacionales, lo que no solo perpetúa el delito, sino que también podría permitir una coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
Por último, el grupo de diputados ha hecho un llamado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señalando su responsabilidad en la supervisión del funcionamiento de Gendarmería de Chile. A su vez, han solicitado a la Contraloría que envíe sus hallazgos al Ministerio Público para que evalúe la posibilidad de iniciar investigaciones por delitos como el cohecho y la prevaricación. Consideran que lo denunciado es parte de una red de protección a organizaciones criminales, algo que resulta inaceptable en un sistema que debería enfocarse en la rehabilitación y prevención del crimen.
