La comisión de diputados encargada de revisar la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se constituyó este miércoles con el objetivo de abordar los incidentes ocurridos en el estadio Monumental, que resultaron en la trágica muerte de dos hinchas el pasado 10 de abril. Este suceso ha generado un ferviente debate sobre la responsabilidad de las autoridades en el resguardo del orden público, especialmente en eventos de alta convocatoria como los partidos de fútbol. Juan Fuenzalida, presidente de la comisión e integrante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderará las audiencias junto a Ximena Ossandón (Renovación Nacional), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Agustín Romero (Partido Republicano) y Patricio Rozas (Frente Amplio).
Las sesiones de la comisión comenzarán el lunes 12 de mayo y se extenderán hasta el jueves 15 del mismo mes. Se ha establecido que la reunión del 12 se celebrará de 17:30 a 19:00 horas, mientras que las siguientes tendrán lugar entre las 11:00 y 12:30 horas. La relevancia de las sesiones radica en la necesidad de esclarecer la responsabilidad de Durán en el contexto de una acusación que lo señala por incumplir sus obligaciones constitucionales, particularmente en el ámbito de la seguridad pública. El hecho de que el delegado no haya revocado la autorización del partido entre Colo Colo y Fortaleza, a pesar de los antecedentes de disturbios, se erige como un punto central en la investigación.
La acusación constitucional presentada contra Durán expone que su falta de acción ante los incidentes previos a la realización del partido constituye una grave negligencia. La comisión considera que la evidencia sugiere que había razones suficientes para suspender el evento, dada la posibilidad de que se produjeran desbordes de violencia en las instalaciones deportivas. Además, el documento sostiene que la falta de medidas preventivas, aun con la advertencia de una posible irrupción violenta por parte de los hinchas, pone en evidencia una infracción a la Constitución Política del país, señalando que la seguridad de los asistentes era prioritaria.
Conforme a los plazos establecidos, Gonzalo Durán tendrá un periodo de diez días, tras la notificación que recibió el martes 6 de mayo, para presentar su defensa ante la comisión. Esto puede realizarse de manera personal o mediante un documento escrito. Posteriormente, la comisión dispondrá de seis días para estudiar la acusación y emitir un pronunciamiento sobre la situación. La atención ahora se centra en cómo Durán responderá a las severas acusaciones que podrían tener implicaciones significativas en su gestión como delegado presidencial, y si esto podría influir en su futuro en el cargo.
La situación ha despertado un amplio interés por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, quienes siguen de cerca cada desarrollo de este proceso. La oposición ha manifestado su preocupación por lo que consideran una falta de responsabilidad en la gestión de la seguridad pública, y la existencia de víctimas fatales ha intensificado este análisis. La comisión, al examinar las acciones y decisiones de Durán, se enfrenta a un desafío crucial que podría definir no solo la continuidad del delegado, sino también las futuras políticas de seguridad en eventos masivos.
