Desde su implementación hace una década, la gratuidad en la educación superior ha representado un avance significativo para alrededor de 1,5 millones de estudiantes en Chile. Sin embargo, esta política pública ha generado un debate constante sobre su sostenibilidad fiscal. Universidades de mayor prestigio han denunciado que los aranceles regulados por el Estado no cubren los costos reales de las carreras, lo que pone en riesgo su viabilidad financiera. Mientras un sector aboga por la expansión de la gratuidad, otro sostiene que es fundamental reevaluar su diseño para evitar que termine ahogando al sistema educativo y afectando las finanzas públicas.
Recientemente, el Gobierno enfrentó un nuevo reto en torno a esta cuestión, tras las críticas surgidas respecto a un proyecto de reconstrucción que sugería limitar el acceso a la gratuidad a estudiantes mayores de 30 años. Las presiones desde dentro de la coalición gubernamental condujeron a contradicciones y cambios en la propuesta, reflejando la complejidad de ajustar una política tan arraigada. Este contexto agrava la necesidad de un debate profundo sobre la gratuidad, sus efectos a largo plazo y las lecciones aprendidas en estos diez años de aplicación.
Uno de los problemas centrales radica en cómo se conceptualizó la gratuidad como un derecho social universal, que el Estado debe garantizar sin los necesarios controles financieros adecuados. Así, las universidades que han optado por este modelo se enfrentan a limitaciones en su expansión, que dependen de los recursos que el Estado destine a la educación superior. Esta dependencia ha generado inquietudes sobre la autonomía de las instituciones y ha tenido repercusiones en la calidad educativa y en la planificación presupuestaria en un contexto de estrechez fiscal.
Los costos anuales de la gratuidad ascienden a aproximadamente 2 mil millones de dólares, lo que representa más de la mitad del presupuesto destinado a la educación superior y un significativo porcentaje del total del presupuesto educativo del país. Dadas las proyecciones económicas y la posible ampliación de la gratuidad a los siguientes deciles de ingresos, es crucial que el país evalúe si este gasto es sostenible y si debería priorizarse sobre otras áreas educativas, como la educación parvularia, fundamental para el desarrollo de los niños.
La necesidad de ajustar los aranceles regulados es imperativa, considerando los déficits en gratuidad que han afectado a las instituciones de educación superior. Un estudio del CEP reveló que un alto porcentaje de las carreras de pregrado tiene aranceles que no reflejan la realidad de los costos. Explorar alternativas al financiamiento, incluyendo un mayor uso de créditos y becas, podría facilitar el acceso a la educación superior sin comprometer las arcas públicas, garantizando que todas las políticas educativas se alineen con el objetivo de formar a las nuevas generaciones para un futuro más prometedor.
