Las autoridades de Estados Unidos iniciaron una amplia investigación sobre la economía de 60 países, entre ellos Chile, para determinar si sus gobiernos han adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. El proceso, liderado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite responder a prácticas consideradas injustificadas, irrazonables o discriminatorias que supongan una carga para el comercio estadounidense.
Según explicó el representante comercial Jamieson Greer, pese al consenso internacional contra el trabajo forzoso, muchos gobiernos no han impuesto ni aplicado eficazmente normas que prohíban la entrada en sus mercados de productos fabricados bajo estas condiciones. A su juicio, esta situación ha obligado durante años a trabajadores y empresas de Estados Unidos a competir con productores extranjeros que se benefician de una “ventaja artificial en los costos” al recurrir a prácticas laborales abusivas.
La lista de economías bajo escrutinio incluye a actores relevantes como la Unión Europea, China, Brasil, India, Japón, Canadá, México y Reino Unido, además de países de América Latina como Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile. También figuran naciones de Asia, África y Medio Oriente, entre ellas Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita, Qatar, Sudáfrica y Vietnam, configurando un mapa de alcance global.
El objetivo de la investigación es determinar si los actos, políticas y prácticas de estas economías, relacionados con la falta de imposición efectiva de la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso, son irrazonables o discriminatorios, y si representan una restricción para el comercio de Estados Unidos. En función de las conclusiones, Washington podría aplicar medidas correctivas, que van desde presiones diplomáticas y exigencias regulatorias hasta la imposición de nuevos gravámenes a las importaciones.
Como parte del procedimiento, la USTR ya solicitó consultas formales con los gobiernos involucrados, paso previo a eventuales acciones unilaterales. Las audiencias públicas se programaron para el 28 de abril, y los interesados deberán presentar sus comentarios escritos y solicitudes para intervenir, junto con un resumen de su testimonio, hasta el 15 del mismo mes.
Esta ofensiva se suma a otras pesquisas recientes impulsadas por la administración de Donald Trump bajo la misma Sección 301, que apuntan a las políticas comerciales de economías como China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, México, Japón e India. Dichos procesos abren la puerta a la imposición de nuevos aranceles, luego de que el Tribunal Supremo estadounidense declarara ilegales los “aranceles recíprocos” aplicados en abril de 2025.
En el caso de Chile, la investigación se conoce en paralelo a la firma de un acuerdo con Estados Unidos para profundizar la cooperación en minerales críticos y tierras raras, sectores estratégicos para la transición energética global. Analistas prevén que el país deberá demostrar la robustez de sus estándares laborales y de fiscalización si busca evitar eventuales sanciones o trabas adicionales a sus exportaciones.
